Un llamado a los jefes de las asesorías jurídicas y legales del sector público como servidores del Estado para simplificar los problemas, a fin de que los solucionen más rápido, en bien del público usuario, pero siempre de la mano con la ley, realizó el ministro de Justicia, Aurelio Pastor Valdivieso.
“Pido que con imaginación se corten pasos. Que la gente sienta que este Estado no es hostil, no obstruye, que no está creado para generar problemas sino para facilitar las cosas. De esta manera lograremos que los procedimientos no nos atrapen y se solucionen rápidamente”, dijo el ministro Aurelio Pastor al clausurar la XII Convención de Jefes de Asesorías Jurídicas y Legales del Sector Público, denominada “Precisiones sobre las responsabilidades administrativas funcional del personal de la Administración Pública y sobre el Contrato Administrativo de Servicio – CAS”.
Este evento, concluyó con importantes conclusiones entre las que destacan establecer la posibilidad de procesar y sancionar a ex funcionarios y servidores por faltas cometidas en el ejercicio de la función, independientemente de la naturaleza de la relación laboral o contractual que hayan tenido con la entidad.
También se planteó tipificar las faltas en que incurriría el personal que presta servicios al Estado, minimizando la recurrencia a tipos abiertos o genéricos; asimismo se sugirió brindar conocimientos acerca de las conductas que podrían conllevar a la comisión de una falta en el ejercicio de las funciones.
Asimismo se sugirió establecer requisitos mínimos para los integrantes que conformen los órganos encargados del procedimiento disciplinario, a fin de asegurar el tecnicismo y especialización de dichas instancias.
Con respecto a lo relacionado al Contrato Administrativo de Servicio (CAS), se propuso la emisión de una norma que tipifique las infracciones, responsabilidades y sanciones para el personal contratado bajo esta modalidad.
Asimismo, se propuso que la Contraloría General de la República difunda y capacite a los funcionarios de las entidades, a fin de dotar de personal especializado para evitar las intervenciones de las gerencias de asesorías jurídicas de las entidades en la elaboración de los informes de control, pues la Ley 27785 establece como obligación de los titulares de las entidades proveer dichos recursos a los órganos de control institucional para el cumplimiento de sus funciones.
“Pido que con imaginación se corten pasos. Que la gente sienta que este Estado no es hostil, no obstruye, que no está creado para generar problemas sino para facilitar las cosas. De esta manera lograremos que los procedimientos no nos atrapen y se solucionen rápidamente”, dijo el ministro Aurelio Pastor al clausurar la XII Convención de Jefes de Asesorías Jurídicas y Legales del Sector Público, denominada “Precisiones sobre las responsabilidades administrativas funcional del personal de la Administración Pública y sobre el Contrato Administrativo de Servicio – CAS”.
Este evento, concluyó con importantes conclusiones entre las que destacan establecer la posibilidad de procesar y sancionar a ex funcionarios y servidores por faltas cometidas en el ejercicio de la función, independientemente de la naturaleza de la relación laboral o contractual que hayan tenido con la entidad.
También se planteó tipificar las faltas en que incurriría el personal que presta servicios al Estado, minimizando la recurrencia a tipos abiertos o genéricos; asimismo se sugirió brindar conocimientos acerca de las conductas que podrían conllevar a la comisión de una falta en el ejercicio de las funciones.
Asimismo se sugirió establecer requisitos mínimos para los integrantes que conformen los órganos encargados del procedimiento disciplinario, a fin de asegurar el tecnicismo y especialización de dichas instancias.
Con respecto a lo relacionado al Contrato Administrativo de Servicio (CAS), se propuso la emisión de una norma que tipifique las infracciones, responsabilidades y sanciones para el personal contratado bajo esta modalidad.
Asimismo, se propuso que la Contraloría General de la República difunda y capacite a los funcionarios de las entidades, a fin de dotar de personal especializado para evitar las intervenciones de las gerencias de asesorías jurídicas de las entidades en la elaboración de los informes de control, pues la Ley 27785 establece como obligación de los titulares de las entidades proveer dichos recursos a los órganos de control institucional para el cumplimiento de sus funciones.
