Por los cargos de revelación de secretos nacionales, espionaje y lavado de activos en agravio del Estado, el juez Luis Garzón Castillo, a cargo del Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Lima, abrió instrucción con orden de detención contra el técnico FAP Víctor Ariza Mendoza.
La orden de detención también comprende a otro técnico FAP, cuya identidad se mantiene en reserva, y dos supuestos militares de nacionalidad chilena identificados con los nombres de Daniel Márquez Torrealba y Víctor Vergara Rojas.
Según nota de prensa de la Corte Superior de Lima, estos últimos como instigadores de los delitos de revelación de secretos nacionales y espionaje, en perjuicio del Estado peruano.
El otro técnico FAP, cuyo nombre no es revelado, será procesado por el cargo de cómplice necesario de los delitos de revelación de secretos nacionales y espionaje, en perjuicio del Estado peruano.
Luego de tomar las generales de ley e iniciar la instructiva a Ariza Mendoza, el juez Garzón Castillo ofició al Instituto Nacional Penitenciario a fin que proceda con su labor de calificación e internamiento del procesado en un centro penitenciario.
Del mismo modo, el magistrado dispuso el embargo preventivo de los bienes del suboficial FAP hasta por un monto que pueda cubrir una posible reparación civil a favor del Estado peruano.
De acuerdo a la denuncia presentada por el fiscal Jorge Chávez Cotrina, el procesado Ariza Mendoza, de 45 años de edad, recibía desde setiembre del año 2005 un promedio de tres mil dólares mensuales de sus coprocesados chilenos, a cambio de proporcionar información confidencial y secreta acerca de la seguridad nacional.
En declaraciones preliminares ofrecidas a la policía especializada y al representante del Ministerio Público, el procesado aceptó todos los cargos, justificando supuestas necesidades económicas.
De esta manera, refirió que a cambio de la información que proporcionaba recibía un promedio de tres mil dólares mensuales de parte de los procesados chilenos por intermedio de la agencia Western Unión.
La resolución de autoapertorio de instrucción del juez Garzón Castillo señala que, previo a gestionar la extradición de Daniel Márquez Torrealba y Víctor Vergara Rojas, se va a va determinar si dichos nombres corresponden a sus verdaderas identidades. (Andina)
La orden de detención también comprende a otro técnico FAP, cuya identidad se mantiene en reserva, y dos supuestos militares de nacionalidad chilena identificados con los nombres de Daniel Márquez Torrealba y Víctor Vergara Rojas.
Según nota de prensa de la Corte Superior de Lima, estos últimos como instigadores de los delitos de revelación de secretos nacionales y espionaje, en perjuicio del Estado peruano.
El otro técnico FAP, cuyo nombre no es revelado, será procesado por el cargo de cómplice necesario de los delitos de revelación de secretos nacionales y espionaje, en perjuicio del Estado peruano.
Luego de tomar las generales de ley e iniciar la instructiva a Ariza Mendoza, el juez Garzón Castillo ofició al Instituto Nacional Penitenciario a fin que proceda con su labor de calificación e internamiento del procesado en un centro penitenciario.
Del mismo modo, el magistrado dispuso el embargo preventivo de los bienes del suboficial FAP hasta por un monto que pueda cubrir una posible reparación civil a favor del Estado peruano.
De acuerdo a la denuncia presentada por el fiscal Jorge Chávez Cotrina, el procesado Ariza Mendoza, de 45 años de edad, recibía desde setiembre del año 2005 un promedio de tres mil dólares mensuales de sus coprocesados chilenos, a cambio de proporcionar información confidencial y secreta acerca de la seguridad nacional.
En declaraciones preliminares ofrecidas a la policía especializada y al representante del Ministerio Público, el procesado aceptó todos los cargos, justificando supuestas necesidades económicas.
De esta manera, refirió que a cambio de la información que proporcionaba recibía un promedio de tres mil dólares mensuales de parte de los procesados chilenos por intermedio de la agencia Western Unión.
La resolución de autoapertorio de instrucción del juez Garzón Castillo señala que, previo a gestionar la extradición de Daniel Márquez Torrealba y Víctor Vergara Rojas, se va a va determinar si dichos nombres corresponden a sus verdaderas identidades. (Andina)
