El presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), César Acuña Peralta, respaldó el rechazo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) al proyecto de ley del Partido Aprista Peruano (PAP) que busca que el Ejecutivo tenga la potestad de intervenir los gobiernos regionales del país.

"El AMPE y la ANGR vamos a tratar de hacer una sola fuerza para hacer respetar la autonomía local y regional, para que se entienda de una vez que en los gobiernos regionales existe una autonomía y que los gobiernos locales son elegidos por votación popular", expresó al ser entrevistado.

Acuña Peralta señaló que el proyecto de ley aprista para intervenir los gobiernos regionales lo único que haría es afectar el proceso de descentralización del país. Por ello, instó al Gobierno central a respetar la vigencia de los gobiernos regionales y locales ya que fueron elegidos por voluntad popular.

"La pregunta es: ¿Ustedes creen que los miembros del Gobierno central presentarían ese mismo proyecto de ley si es que la mayoría de sus representantes fueran presidentes regionales?", inquirió.

Cabe indicar que César Acuña brindó estas declaraciones al término del seminario taller internacional "Cultura y Desarrollo, Integración Regional y Relaciones Unión Europea-América Latina: Una mirada desde lo local" realizo en Lima.

El certamen se desarrolló en el marco del Proyecto "Promoción y Capacitación de Agentes Culturales en Red: Perú, Bolivia y España", que auspicia la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y que apoya la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI).

Como se recuerda, el congresista José Vargas Fernández (APRA) presentó un proyecto de ley para que el Ejecutivo tenga la potestad de poder intervenir en los gobiernos regionales, bajo circunstancias que supuestamente atenten contra la unidad territorial del Perú.

Según esta iniciativa, el gobierno puede intervenir cuando la administración regional atente contra la unidad, integridad o soberanía del Estado y su territorio, desconozca a las autoridades electas democráticamente, desacate la normatividad nacional y cuando ocurran graves circunstancias políticas o sociales que originen ingobernabilidad.

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