El Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y Arzobispo Metropolitano de Trujillo Héctor Miguel Cabrejos Vidarte manifestó que en las últimas semanas todos hemos sido testigos de escándalos de corrupción que atañen a diversas instancias de la administración pública y privada. La sociedad civil ha exigido ponerle fin a este grave problema que nos afecta como sociedad; sin embargo, el discurso, muchas veces, no se convierte en realidad. Por eso, desde la Conferencia Episcopal reafirmamos nuestro llamado e invocamos a una ética pública y a recuperar los valores ancestrales que deben regir el destino de todas las instituciones del país.
El uso ilegal de los recursos del Estado y la utilización de los poderes públicos en beneficio de quienes ejercen autoridad o influencia política en lugar de estar al servicio de las personas, perjudican al pueblo en su conjunto, pero principalmente a los más pobres. A través de la corrupción los sectores más necesitados pierden o disminuyen su acceso a los servicios de salud, vivienda, educación, entre otros. La corrupción, además, menoscaba la legitimidad de las instituciones e incentiva el abuso de poder, con lo cual se atenta contra la dignidad humana y se debilita la gobernabilidad democrática del país.
La lucha contra la corrupción constituye una necesidad nacional y un mandato urgente que los sectores más altos del gobierno deben asumir institucionalmente. En esa línea, nos preguntamos qué organismo estatal asumió el plan de lucha contra la corrupción luego de la desactivación de la Oficina Nacional Anticorrupción; y de qué forma se está fortaleciendo el rol fiscalizador de la Contraloría General de la República.
La corrupción es difícil de contrarrestar porque adopta múltiples formas, disminuida en un área, revive a veces en otra. El hecho mismo de denunciarla requiere valor. Para erradicarla se necesita, junto con la voluntad tenaz de las autoridades, la colaboración generosa de todos los peruanos, sostenidos por una fuerte conciencia moral que nunca debe de perderse para el bien de todos, especialmente de los más necesitados, dijo Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM. Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y Arzobispo Metropolitano de Trujillo
El uso ilegal de los recursos del Estado y la utilización de los poderes públicos en beneficio de quienes ejercen autoridad o influencia política en lugar de estar al servicio de las personas, perjudican al pueblo en su conjunto, pero principalmente a los más pobres. A través de la corrupción los sectores más necesitados pierden o disminuyen su acceso a los servicios de salud, vivienda, educación, entre otros. La corrupción, además, menoscaba la legitimidad de las instituciones e incentiva el abuso de poder, con lo cual se atenta contra la dignidad humana y se debilita la gobernabilidad democrática del país.
La lucha contra la corrupción constituye una necesidad nacional y un mandato urgente que los sectores más altos del gobierno deben asumir institucionalmente. En esa línea, nos preguntamos qué organismo estatal asumió el plan de lucha contra la corrupción luego de la desactivación de la Oficina Nacional Anticorrupción; y de qué forma se está fortaleciendo el rol fiscalizador de la Contraloría General de la República.
La corrupción es difícil de contrarrestar porque adopta múltiples formas, disminuida en un área, revive a veces en otra. El hecho mismo de denunciarla requiere valor. Para erradicarla se necesita, junto con la voluntad tenaz de las autoridades, la colaboración generosa de todos los peruanos, sostenidos por una fuerte conciencia moral que nunca debe de perderse para el bien de todos, especialmente de los más necesitados, dijo Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM. Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y Arzobispo Metropolitano de Trujillo
