La deuda del Poder Judicial
Por: Diómedes Morales Salazar
Uno de los ejemplos más notorios respecto a la indudable politización del Poder Judicial, es, sin duda, la rotunda indiferencia que muestran las autoridades de turno sobre el adeudo contraído con los magistrados cesantes y jubilados que actualmente alcanza a los 420 millones de soles, según informó el doctor Marco Capurro Arroyo, presidente de la Asociación de Magistrados Cesantes y Jubilados del Distrito Judicial de La Libertad.
Esta deuda, cuyo pago se incumple desde 1992, debiera ser gestionada por el Presidente de la Corte Suprema de Lima que ejerce el doctor Artemio Távara Córdova, pero ni él ni sus antecesores le han dicho al Gobierno Central ésta boca es mía, solicitando el presupuesto respectivo para cumplir con los ex fiscales y vocales retirados; quienes, a nivel nacional, superan los mil magistrados. Y, en el ámbito de La Libertad, son más de 200 los postergados de este derecho ganado a lo largo del ejercicio profesional.
Lo que ocurre, dice el doctor Capurro Arroyo, es que "ningún presidente de la Suprema ha tenido la preocupación de atender la legislación nacional, pues no exigen que se cumpla con las sentencias que han expedido ya los diferentes juzgados laborales de Lima, ordenando al Poder Judicial el pago de las pensiones actualizadas al 100%, así como la compensación por tiempo de servicio, cuyo atraso constituye una grave violación a los derechos humanos, lo cual es responsabilidad de las principales autoridades del Gobierno y de la administración judicial.
Así, la ingerencia política (hoy aprista, ayer toledista y antes fujimorista), es más que evidente, "porque el doctor Távara, y antes el doctor Vásquez Bejarano (incluidos sus antecesores), no son los dueños del Poder Judicial.
Nosotros criticamos al conductor de esa entidad, pues ya el 6 de diciembre pasado emití un Comunicado con motivo de la realización del Primer Congreso Nacional de Magistrados del Perú, realizado en Trujillo, y hasta hoy no hay respuesta.
Por eso, nos duele mucho que el doctor Távara, que se ha formado en Trujillo y que la mayoría de jubilados somos sus amigos, ignore cumplir su función en el sentido de acatar y hacer cumplir las sentencias que ya han pasado en calidad de cosa juzgada".
Sucede, entonces, que las autoridades del Poder Judicial, han sido y son partidarios de cada una de las políticas gubernamentales vigentes, mientras que el doctor Marco Capurro Arroyo, como presidente gremial de los cesantes y jubilados del Poder Judicial, es democrático y en aras de los derechos económicos de la institución, trabaja "sin discriminación" de sus afiliados.
Por eso, hasta el mismo Presidente de la Corte del Distrito Judicial de La Libertad, el doctor Teófilo Idrogo Delgado, "ni siquiera nos ha tenido en cuenta para la apertura del año judicial. Con eso le digo todo..."
